Aplicación del Acuerdo de Escazú en el contexto de la Amazonía

El 22 de abril del 2021, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional vinculante para el Estado ecuatoriano, que tiene por objetivo el fortalecimiento de la garantía de los derechos de acceso a la información, participación pública, justicia ambiental y de protección a defensores ambientales en América Latina y el Caribe. Mediante la investigación denominada “El Acuerdo de Escazú y su impacto en el ordenamiento jurídico vigente en Ecuador”¹ Se logró determinar la necesidad de fortalecer el marco legal infraconstitucional ecuatoriano, para la plena vigencia y garantía de los derechos protegidos por el Acuerdo.

Frente a ello, las organizaciones Fundación Pachamama, AFD y EF, a través del CETCIS (Centro para la Transferencia de Conocimientos e Innovación social de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador); decidieron llevar a cabo un plan piloto para la implementación local del Acuerdo en la provincia de Pastaza, de la cual forman parte los territorios ancestrales de 7 nacionalidades indígenas de la Amazonía. En este contexto, se ha visto la necesidad de impulsar procesos de formación continua en torno a las problemáticas identificadas en el Acuerdo de Escazú: gobierno abierto, derechos humanos y derechos de la naturaleza. Este proceso formativo está dirigido a quienes formarán parte de los procesos de co-creación de las políticas y normas locales que implementarán estos estándares internacionales en Pastaza.